Uriel González-Bravo

En México se vive una crisis de vivienda. El pasado 4 de julio, una asamblea convocada para discutir los efectos de la gentrificación en la Ciudad de México —originalmente planeada en Parque México, en la Condesa— derivó en una marcha improvisada, donde una multitud expresó su hartazgo ante la crisis habitacional en el país. La cobertura mediática no tardó en reducirlo todo a un solo gesto: la expulsión simbólica de los gringos y los actos —calificados como vandálicos— contra algunos negocios de la zona. ¿Qué culpa tiene Starbucks? ¿Qué culpa tiene El Califa? ¿Alguien puede pensar en los vidrios rotos del Sport World? Los titulares se aferraron a esa imagen, convenientemente escandalosa, mientras los demás reclamos —más estructurales, menos fotogénicos— quedaron relegados.

Muchas voces en los medios, así como en redes sociales, dejaron entrever un clasismo y racismo evidentes: “Si quieren vivir en la Roma o la Condesa, que trabajen más (y se quejen menos)”, “Son puro resentido social, enemigos del emprendimiento y del brunch dominical”, “Los gringos nos ayudan, nos elevan, nos civilizan: así me imagino vivir en NYC”.  

Sin embargo, también se escucharon otras voces, más equilibradas, que nombraron lo que muchos medios prefirieron omitir: que en México existe una crisis de vivienda, profunda y multifactorial. ¿Cuáles son algunas de esas causas que afectan, sobre todo, a la Ciudad de México? ¿Se trata únicamente de la presencia de gringos y europeos? A mi parecer, sería ingenuo negar que han contribuido a desestabilizar el mercado de rentas en el país, impulsados por una desigualdad estructural en el acceso a recursos. Llegan como los mal llamados “nómadas digitales” —mal llamados porque ya no se trata solo de venir a trabajar remotamente, sino también de adquirir propiedades, abrir negocios y ejercer nuevas formas de control territorial—. Es una forma de neocolonialismo, incluso cuando no es intencional.  Un ejemplo de ello es MJH, un estadounidense que conocí en la Ciudad de México y con el que he compartido muchas conversaciones durante mi estancia en Estados Unidos. Éste, más de una vez me confesó, con tono de visión de futuro, que su sueño era comprar y remodelar un edificio en la Roma o en la Condesa, para después rentarlo por Airbnb y vivir viajando. La plusvalía como proyecto de vida… y, por qué no decirlo, también algo de privilegio blanco disfrazado de discurso wellness. Por eso no sorprendió ver banderas palestinas durante la marcha: ese símbolo no estaba fuera de lugar, sino en diálogo con un discurso más amplio sobre las nuevas formas de colonización.

A pesar de todo esto, ellos no son el problema, sino apenas un síntoma. Como bien ha señalado Carla Escoffié (abogada y activista por el derecho a la vivienda), la gentrificación no es un conflicto entre nacionalidades, sino una expresión de desigualdades estructurales que se han incubado durante años: falta de regulación del alquiler, ausencia de políticas de vivienda social, especulación inmobiliaria normalizada y un Estado que, más que regular, facilita la conversión de la ciudad en negocio. Los extranjeros llegan, sí, pero lo hacen a una ciudad que ya fue preparada para recibirlos: una ciudad donde vivir se ha vuelto una carrera de obstáculos y rentar, un privilegio. Además, el proceso de gentrificación no ocurre únicamente por la presencia de extranjeros. También gentrifican personas mexicanas. Porque, en realidad, no es un problema de migración —la historia de las ciudades es, por definición, una historia de migraciones—, sino una cuestión de clase. Lo que está en juego no es de dónde viene quien llega, sino a quién desplaza y bajo qué condiciones. No se mejora la calidad de vida de las personas, sino simplemente las reubica de manera forzada, incluso, empeorando así su calidad de vida.

A raíz de lo sucedido en la marcha, sentí la necesidad de entender con mayor claridad qué estaba ocurriendo en México. No solo en las calles, sino en los cimientos de ese malestar. Uno de los recursos que encontré fue la lectura de País sin techo, escrito por Carla Escoffié, una de esas voces que vale la pena escuchar. El libro ofrece un panorama sobre los múltiples frentes que componen la crisis de vivienda en el país: la especulación y las burbujas inmobiliarias, como en el caso de Mérida; los megaproyectos convertidos en botines territoriales, como en Campeche; la falta de regulación y leyes de arrendamiento en la Ciudad de México, que —contrario a lo que suele creerse— no siempre está a la vanguardia en materia de derechos; la discriminación al rentar o comprar vivienda, como lo experimenta la población LGBTQ+ en San Luis Potosí; o los asentamientos precarios que crecen en las periferias de Monterrey.

Como menciona Carla al final de su libro, País sin techo no pretende abarcar todas las problemáticas, porque son muchas y complejas. Tampoco ofrece una única solución, porque no la hay. Lo que plantea, más bien, es la necesidad de múltiples respuestas que trabajen en conjunto, desde distintos frentes: legal, social, político y comunitario. Su apuesta es por una mirada integral, que reconozca que la vivienda no se resuelve con buena voluntad ni con discursos vacíos de desarrollo, sino con políticas públicas sostenidas, voluntad política y, sobre todo, justicia.

¿Qué sigue en la Ciudad de México? Eso es algo que veremos con el tiempo. Por ahora, nos queda informarnos, cuestionar no solo a los gobiernos, sino también nuestras propias ideas sobre el espacio, la ciudad y quién tiene derecho a habitarla. País sin techo, el libro de Carla Escoffié, puede ser un primer paso para quienes, como yo, habíamos ignorado —quizás sin querer, quizás por comodidad— la profundidad de esta crisis. Leer, escuchar, problematizar. Porque si bien no hay una solución única, sí hay múltiples caminos que podemos empezar a recorrer. Y el primer gesto, tal vez, sea dejar de ver la vivienda como un bien de mercado… y comenzar a defenderla como lo que es: un derecho que nos toca a todos.